El remedio legal moderno para los despilfarradores suele ser la quiebra. Sin embargo, durante los siglos XIX y XX, algunas jurisdicciones, como los estados norteamericanos de Oregón y Massachusetts, experimentaron con leyes en virtud de las cuales la familia de una persona así podía declararla legalmente como «derrochadora» por un tribunal de justicia. A su vez, se consideraba que esas personas carecían de capacidad legal para celebrar contratos vinculantes. Aunque estas leyes hacían la vida más difícil a los acreedores (que ahora tenían la carga de asegurarse de que cualquier posible deudor no había sido declarado judicialmente como derrochador), se creía que estaban justificadas por la política pública de evitar que la familia de un derrochador acabara en el asilo o en la asistencia social. Desde entonces, estas leyes se han abolido en favor de la bancarrota, que es más favorable a los acreedores.
La tutela es otro remedio equitativo para el derrochador, por el que un fideicomisario o abogado designado por el tribunal estatal administra y vende los bienes del deudor que no paga sus deudas.
En la tutela, un fiduciario se encarga tanto de los asuntos personales como del pago de las deudas de una persona incapacitada. De manera infame, Theodore Roosevelt fue curador de su hermano Elliott Roosevelt I.